Regantes piden fortalecer Juntas de Vigilancia y mantener los derechos de aguas otorgados

Representantes de organizaciones de aguas de toda la región, junto a dirigentes de la Sociedad Agrícola del Norte, los senadores Adriana Muñoz y Jorge Pizarro y  el experto en legislación hídrica Rodrigo Weisner, trabajaron más de 5 horas en realizar aportes al proyecto de ley que crea un nuevo código de aguas. La cita tuvo lugar en las oficinas de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, ubicada en las inmediaciones del embalse Puclaro.

Por primera vez, tras varios meses de actividades e intenso debate, las organizaciones de aguas presentaron a los senadores una serie de correcciones que a su juicio deberían estar incorporadas una vez que empiece la discusión de la reforma a partir de marzo en el Senado. De ahí la relevancia de esta reunión, que sus organizadores calificaron como un “hito regional” desde el inicio de la tramitación del proyecto.

El análisis fue desarrollado en detalle artículo por artículo. Entre los más importantes destacan los efectos de la conservación del caudal ecológico, vale decir, un caudal de agua mínimo para  la protección de la flora y fauna en los valles; el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia en situaciones de emergencia hídrica y también la mantención del uso, goce y disposición de los derechos de aprovechamiento ya otorgados con anterioridad a la promulgación de la reforma.

Al respecto, Dagoberto Betancourt, Gerente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, señaló que esta es la primera reunión de trabajo que pretende corregir el curso del proyecto de reforma al Código de Aguas.

“Damos por sentado que este es un hito, porque estuvimos todas las provincias de la región representadas, las Juntas de Vigilancia y los actores interesados y tuvimos a los senadores disponibles para escucharnos y acoger nuestras inquietudes con argumentos razonables. Lo que estamos tratando de proteger son básicamente dos cosas: el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia y la protección de los derechos de aguas ya otorgados”, dijo.

Luis Lohse, Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, afirmó que si bien hubo disponibilidad de resolver dudas y agregar cambios en algunos artículos de la ley, quedan varias instancias para continuar generando proposiciones.

“Creo que esto va a ayudar a reflexionar porque creemos que no es un tema resuelto aunque hemos sido propositivos para aportar al nuevo código de aguas. Me quedo con la idea de seguir escuchando a nuestros regantes. Este es un gran paso, ahora tenemos que reunirnos con el Director General de Aguas y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado”, dijo.

José Eugenio Gonzalez, Presidente Junta de Vigilancia Río Grande Limarí, destacó la importancia de continuar trabajando en desarrollar una reforma que incluya a todos los   involucrados.

“Estas reuniones son positivas y nos sirven como experiencia en el sentido de que los temas hay que conversarlos y agotar las instancias de diálogo antes de entrar en conflicto”.

Ignacio Millet, Presidente de la Asociación de Canalistas de Illapel, valoró que los parlamentarios aceptaran las inquietudes generada desde los regantes de la región.

“Estamos muy conformes por la disposición que presentaron los dos senadores que nos escucharon claramente y encontraron acertadas las propuestas que presentaremos en el Congreso”.

Por otra parte, el experto en legislación hídrica, Rodrigo Weisner afirmó que el análisis de la reforma debe considerar el desarrollo histórico de la agricultura en la región y que no nace con el código de aguas de 1981.

“La agricultura en esta región nace en el siglo XIX e incluso antes y que no nace con el Código de Aguas de 1981 y por lo tanto, cualquier regulación que se haga debe hacerse con respeto a esa historia y por mucho que la reforma tenga objetivos loables como garantizar el consumo humano y el medio ambiente, el problema es que entran normas que afectan la historia de los derechos de los regantes, y eso genera preocupación”, puntualizó.

Tramitación del proyecto.

La senadora Adriana Muñoz valoró los insumos entregados por las organizaciones ya que permitirá que el proyecto sea tramitado con amplitud y permitirá resolver de acuerdo a lo solicitado por los agricultores.

“Nos han entregado, de acuerdo a lo que presentó Rodrigo Weisner, muchos insumos acerca de cómo tratar esta reforma y los temas que preocupan a los regantes de nuestra región y eso es una ayuda inmensa para poder tramitar con mayor información, con mayor conocimiento y celeridad”.

Por otro lado, el senador Jorge Pizarro agregó que uno de los puntos más importantes es que la reforma se haga acorde a la realidad de cada cuenca y el rol específico de la Dirección General de Aguas.

“A ellos les interesa es que el rol de la DGA en la administración del recurso hídrico  se haga con objetividad y acorde a la disponibilidad de cada cuenca. También plantearon la inquietud de que no se aplique la ley de forma retroactiva caducando derechos, sino que propusieron que se aumente el valor de patentes por no uso para eliminar la especulación”.

Asimismo afirmó que “haremos una indicación para que se incorpore en uno de los artículos que los derechos otorgados a perpetuidad lo seguirán siendo, dando seguridad a los agricultores”.

Necesidad de una política agrícola hídrica

José Corral, Vicepresidente de Sociedad Agrícola del Norte, hizo un contraste entre las necesidades de los agricultores de la región en materia hídrica y la situación real de la agricultura regional.

“Lo que necesita la agricultura es eliminar la incertidumbre respecto a esta reforma y otras que afectan al sector y lo único que queremos son reglas claras para el futuro, por lo que pedimos certeza jurídica sobre nuestro bien más preciado que es el agua”.

Además agregó que “de alguna forma debemos fortalecer las organizaciones de usuarios del agua que históricamente han dado muestra de ser capaces de dar seguridad del recurso incluso en los momentos más críticos, priorizando siempre el consumo humano. Los problemas de disponibilidad hídrica no se solucionan con cambios legislativos, sino que se requiere una política de largo plazo y de Estado, que mire los desafíos que se presentan al futuro y se trabaje en conjunto, el sector público y privado, para conseguir mantener nuestra actividad en el futuro”.

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